El oficial de la Subdirección Antiterrorista (SDAT) de la Policía Judicial francesa, Stéphane Durey, ha cifrado en unos 900.000 euros los ingresos anuales de la organización terrorista ETA, procedentes en un 90 o 95% de la extorsión a empresarios y profesionales liberales, lo que la banda denomina recaudación del ‘impuesto revolucionario’.
Durey basó estas cifras en el análisis de la documentación contable hallada en Salis-de-Béarn, la localidad del sur de Francia donde fue detenida en octubre de 2004 Soledad Iparaguirre ‘Amboto’, responsable de la tesorería de ETA, la estructura encargada de la gestión de fondos, de enviar las cartas a los objetivos del impuesto revolucionario y de recoger el dinero.
El agente galo ha comparecido como testigo en el juicio abierto en París contra la red de extorsión de ETA.
El agente explicó, igualmente, que entre 2003 y 2004 las autoridades españolas adviertieron de una intensificación de las campañas de extorsión de ETA, un hecho corroborado por las notas internas de la banda en las que se habla de la necesidad de multiplicar los comandos de extorsión (’Gezi’).
Esta hipótesis fue igualmente avalada por las 144 cartas solicitando el impuesto revolucionario halladas en un coche en el que viajaban miembros de ETA en la región francesa de Las Landas en 2003. La cantidad requerida oscila entre los 15.000 y los 200.000 euros.
2,5 millones en 2004
La banda terrorista ETA contaba en el año 2004 con un presupuesto global de 2,5 millones de euros para financiar las actividades terroristas y el mantenimiento de toda su estructura, según ha desvelado el también oficial de la Subdirección Antiterrorista francesa (SDAT) Jérôme Broglio.
El Tribunal especial de lo Criminal de París inició ayer el proceso contra Ane Miren Alberdi Zubirrementeria, Cristina Goirizelaia González y Carlos Sáez de Egilaz, acusados de pertenecer al aparato de extorsión de la banda terrorista.